Entre 2020 y 2025 se presentaron 42 recursos de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para acceder a bombas de insulina fuera de la cobertura vigente; en 35 casos la Justicia falló a favor de los pacientes.
Es decir, que en más del 83% de los casos, los fallos fueron favorables para las personas.
Se trata de acciones iniciadas por personas con diabetes tipo 1 mayores de 21 años, excluidas de la cobertura regular, con una alta proporción de sentencias favorables.
Qué muestran los datos oficiales
Según una respuesta del Fondo Nacional de Recursos fechada el 11 de julio de 2025, correspondiente a la solicitud de acceso a la información pública N.º 7173, entre 2020 y 2024 se presentaron 20 recursos de amparo vinculados a bombas de insulina.
El detalle anual informado por el FNR es el siguiente:
- 2020 – 0
- 2021 – 2
- 2022 – 0
- 2023 – 1
- 2024 – 17
En cuanto a los fallos judiciales, todos los casos de 2021 y 2023 tuvieron sentencia favorable, mientras que en 2024 15 de los 17 recursos fueron favorables y solo 2 desfavorables.
A esos datos se suman los correspondientes a 2025. En una nueva respuesta oficial del FNR, fechada el 13 de enero de 2026 (solicitud SAIP N.º 8543), el organismo informó que durante ese año se presentaron 22 recursos de amparo por bomba de insulina.
De ellos, 20 obtuvieron sentencia favorable y 2 desfavorable.
En conjunto, los registros oficiales muestran un salto marcado: entre 2020 y 2023 hubo apenas 3 casos, mientras que entre 2024 y 2025 se concentraron 39 recursos, con una tasa de éxito cercana al 90%.
Por qué los adultos quedan excluidos
La bomba de insulina está incluida como prestación del Fondo Nacional de Recursos, pero con criterios de cobertura acotados.
Según la normativa vigente y la información publicada por el propio FNR, el financiamiento regular está dirigido a personas con diabetes tipo 1 hasta los 21 años.
Esto implica que los adultos que superan ese límite etario, aun teniendo indicación médica, no cuentan con una vía administrativa para acceder a la tecnología.
En esos casos, el sistema de salud no ofrece alternativas de cobertura, lo que explica que muchos pacientes recurran al recurso de amparo como última opción.
De acuerdo con información publicada por Diabetes Uruguay a partir de datos oficiales, entre 2020 y 2024 el FNR autorizó 183 bombas de insulina dentro de los criterios de cobertura.
En ese mismo período, se estima que en Uruguay viven alrededor de 3.200 personas con diabetes tipo 1, por lo que la cobertura regular alcanza solo a una fracción del total.
Por qué la mayoría de los amparos se gana
En los recursos de amparo por bombas de insulina, los jueces suelen dar la razón a los pacientes a partir de una combinación de argumentos médicos, económicos y constitucionales.
Según la práctica habitual de los abogados que tramitan estos casos —y la información sistematizada por Diabetes Uruguay—, los fallos favorables se apoyan, en general, en los siguientes puntos:
- Indicación médica fundada: el amparo se presenta con informes médicos que justifican la necesidad de la bomba de insulina, generalmente en personas con diabetes tipo 1 de difícil control, hipoglucemias severas o alta variabilidad glucémica.
- Ausencia de alternativas terapéuticas equivalentes: se argumenta que los esquemas con múltiples inyecciones no logran un control adecuado en ese paciente en particular, por lo que la bomba no es un “lujo tecnológico”, sino un tratamiento necesario.
- Imposibilidad económica de acceso: se acredita que el costo del dispositivo y de los insumos mensuales hace inviable su adquisición por medios propios, lo que deja al paciente sin una alternativa real fuera del sistema público.
- Exclusión administrativa por edad: el rechazo del FNR se basa en un criterio etario, no en la inexistencia de indicación médica, lo que abre la discusión sobre la razonabilidad de esa limitación.
- Derecho constitucional a la salud: los jueces suelen ponderar que negar un tratamiento indicado médicamente, cuando existe riesgo para la salud o la vida, puede vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El propio Fondo Nacional de Recursos, en sus respuestas oficiales, remite a la Base de Jurisprudencia Nacional Pública del Poder Judicial para consultar los fundamentos de las sentencias, donde se repiten estos criterios de forma consistente.
Cuánto cuesta una bomba de insulina en Uruguay
El costo es uno de los factores clave detrás de la judicialización. Según estimaciones difundidas por Diabetes Uruguay, el precio de una bomba de insulina ronda los 10.000 dólares, a lo que se suman insumos mensuales cercanos a los 1.000 dólares.
Se trata de un gasto inaccesible para la mayoría de los hogares sin cobertura pública o privada específica, lo que transforma al amparo en la única vía realista para muchos adultos con diabetes tipo 1.
El costo del amparo: otra barrera de acceso
A ese escenario se suma una barrera adicional. Iniciar un recurso de amparo implica costos legales que no todos pueden afrontar.
De acuerdo con información recabada de abogados que tramitan este tipo de acciones en Uruguay, los honorarios profesionales para un amparo por bomba de insulina suelen ubicarse entre 30.000 y 40.000 pesos uruguayos.
En la práctica, esto limita el acceso a la vía judicial a quienes cuentan con recursos económicos o apoyo familiar.
Las personas con menos ingresos quedan doblemente excluidas: primero del sistema de cobertura y luego de la posibilidad de reclamar judicialmente.
Qué beneficios aporta la bomba de insulina
Desde el punto de vista clínico, la bomba de insulina permite una administración continua y más precisa de la insulina.
Estudios internacionales y guías clínicas coinciden en que su uso puede:
- mejorar el control glucémico
- reducir episodios de hipoglucemia
- aumentar el tiempo en rango en personas con diabetes tipo 1
La American Diabetes Association dedica un capítulo específico a la tecnología en sus Standards of Care, donde reconoce el rol de las bombas y de los sistemas automatizados en pacientes seleccionados.
Revisiones científicas también señalan beneficios frente a los esquemas de múltiples inyecciones, especialmente en personas con control inestable.
Una discusión que vuelve al centro del sistema de salud
El aumento sostenido de los recursos de amparo y la alta proporción de sentencias favorables colocan nuevamente el tema en la agenda sanitaria.
Los datos oficiales del FNR muestran que la judicialización dejó de ser excepcional y pasó a ser un fenómeno estructural.
Mientras no se revise el alcance de la cobertura o se habiliten mecanismos alternativos, el acceso a bombas de insulina para adultos con diabetes tipo 1 seguirá dependiendo, en muchos casos, de la capacidad económica para litigar.
Y eso plantea una pregunta de fondo para el sistema de salud: si la Justicia reconoce el derecho, ¿tiene sentido sostener un límite administrativo que empuja a los pacientes a los tribunales?